Ante la crisis económica mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) demandó a los gobiernos redoblar esfuerzos e invertir al menos 6 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en enseñanza, con el fin de revertir el déficit –7 mil millones de dólares anuales– de recursos que se destinan al programa Educación para Todos en países en vías de desarrollo.
En la llamada Declaración de Oslo, suscrita el pasado 18 de diciembre, gobiernos de 34 naciones y representantes de organismos binacionales y multilaterales advirtieron que, de continuar la tendencia actual de disminuir la inversión pública en enseñanza básica, para 2015 al menos 29 millones de niños no asistirán a la primaria, ante lo que calificaron de “desaceleración económica impulsada por una crisis financiera sin precedente desde 1930”.
Por ello insistieron en que se requiere una inversión promedio de 15 a 20 por ciento del gasto público de cada nación para atender las demandas educativas de calidad y equidad, pues resulta “imperativo” mejorar los resultados de aprendizaje de alumnos que cursan formación básica. Pero al mismo tiempo, abundaron, se debe garantizar el acceso gratuito y universal a ésta.
Sin embargo, advirtieron que a escala mundial se requerirán 18 millones de maestros en los próximos 7 años sólo para garantizar la cobertura universal a educación primaria, por lo que instaron a los gobiernos a establecer un equilibrio entre las necesidades educativas de corto plazo para tener profesores de aula y el objetivo de largo aliento de garantizar una fuerza docente de alta calidad.
En la declaración se subraya la solicitud a los gobiernos de planificar a corto y mediano plazos las acciones de contratación, despliegue, formación y retención de profesores, a quienes se deberán ofrecer oportunidades de desarrollo laboral, condiciones de enseñanza y empleo digno, así como mayor participación en la toma de decisiones mediante diálogo social.
El grupo de alto nivel del programa Educación para Todos, que se reunió en Oslo, Noruega, del 16 al 17 de diciembre pasado, advierte que la crisis económica global “no debe ser justificación para reducir el gasto nacional y la ayuda internacional a la enseñanza”, pues subraya que cumplir la meta de dicho proyecto y los Objetivos de Desarrollo del Milenio “es más vital que antes de la crisis”.
Tras reiterar que la instrucción es un derecho humano que debe respetarse, al ser una de las herramientas más importantes para alcanzar un desarrollo humano incluyente y combatir la pobreza y la marginación, advierte que es necesario fortalecer la coordinación de políticas sectoriales al integrar las estrategias educativas de cada nación con las acciones para contrarrestar la pobreza, la malnutrición infantil y los problemas de salud, considerados “grandes obstáculos” para un desarrollo educativo con calidad y equidad.
En la llamada Declaración de Oslo, suscrita el pasado 18 de diciembre, gobiernos de 34 naciones y representantes de organismos binacionales y multilaterales advirtieron que, de continuar la tendencia actual de disminuir la inversión pública en enseñanza básica, para 2015 al menos 29 millones de niños no asistirán a la primaria, ante lo que calificaron de “desaceleración económica impulsada por una crisis financiera sin precedente desde 1930”.
Por ello insistieron en que se requiere una inversión promedio de 15 a 20 por ciento del gasto público de cada nación para atender las demandas educativas de calidad y equidad, pues resulta “imperativo” mejorar los resultados de aprendizaje de alumnos que cursan formación básica. Pero al mismo tiempo, abundaron, se debe garantizar el acceso gratuito y universal a ésta.
Sin embargo, advirtieron que a escala mundial se requerirán 18 millones de maestros en los próximos 7 años sólo para garantizar la cobertura universal a educación primaria, por lo que instaron a los gobiernos a establecer un equilibrio entre las necesidades educativas de corto plazo para tener profesores de aula y el objetivo de largo aliento de garantizar una fuerza docente de alta calidad.
En la declaración se subraya la solicitud a los gobiernos de planificar a corto y mediano plazos las acciones de contratación, despliegue, formación y retención de profesores, a quienes se deberán ofrecer oportunidades de desarrollo laboral, condiciones de enseñanza y empleo digno, así como mayor participación en la toma de decisiones mediante diálogo social.
El grupo de alto nivel del programa Educación para Todos, que se reunió en Oslo, Noruega, del 16 al 17 de diciembre pasado, advierte que la crisis económica global “no debe ser justificación para reducir el gasto nacional y la ayuda internacional a la enseñanza”, pues subraya que cumplir la meta de dicho proyecto y los Objetivos de Desarrollo del Milenio “es más vital que antes de la crisis”.
Tras reiterar que la instrucción es un derecho humano que debe respetarse, al ser una de las herramientas más importantes para alcanzar un desarrollo humano incluyente y combatir la pobreza y la marginación, advierte que es necesario fortalecer la coordinación de políticas sectoriales al integrar las estrategias educativas de cada nación con las acciones para contrarrestar la pobreza, la malnutrición infantil y los problemas de salud, considerados “grandes obstáculos” para un desarrollo educativo con calidad y equidad.
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